EL OTORGAMIENTO DE LOS PODERES Y LA PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS, BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020
Por: Amalia Cadavid Mejía – Abogada Sucesores Federico Estrada Vélez Abogados
El Decreto Legislativo 806, expedido por el Presidente de la República el 4 de junio de 2020, adoptó importantes medidas para la reactivación de la administración de justicia en tiempos del Covid-19, a través de la utilización de las TICs. Uno de esos temas en los cuales el Decreto trae mayores cambios tiene que ver con el otorgamiento de los poderes y la presentación de las demandas, los cuales son regulados en sus artículos 5 y 6, respectivamente.
Antes que nada, es importante tener en cuenta que, tal y como se indica en sus Considerandos, “se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto”. Así las cosas, a partir del 4 de junio de 2020 y hasta el mismo día del año 2022, en el tema que nos convoca es preciso armonizar, la regulación que trae el Decreto con las normas pertinentes del Código General del Proceso y/o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.
Ahora bien, en primer lugar, en cuanto al otorgamiento de los poderes, en su artículo 5 el Decreto señala que los poderes especiales para cualquier actuación judicial:
- Se pueden conferir mediante mensaje de datos[1] (ej. correo electrónico), sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma[2]; a diferencia de lo establecido en el art. 74 del CGP, que si bien permitía que los mismos se confirieran por mensaje de datos, exigía firma digital;
- Se presumen auténticos y no requieren de ninguna presentación personal o reconocimiento; a diferencia de lo establecido en el art. 74 del CGP, que sí exigía presentación personal del poderdante y sólo presumía auténticas las sustituciones;
- Deben indicar expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, la cual debe coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados; requisito este que no estaba establecido en los arts. 74 y 75 del CGP;
- Y si son otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deben ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales; lo cual tampoco estaba establecido en los arts. 74 y 75 del CGP.
En segundo lugar, frente a la presentación de la demanda, en su artículo 6, el Decreto dispone que la misma:
- Debe indicar el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión; ampliando entonces lo dispuesto en el art. 82 #10 del CGP, que exigía indicar la dirección física y electrónica para notificaciones, sólo de las partes, sus representantes y el apoderado del demandante;
- Debe contener los anexos en medio electrónico, los cuales deben corresponder a los enunciados y enumerados en la demanda;
- Se debe presentar en forma de mensaje de datos (lo cual ya se había establecido, pero como una posibilidad, en el art. 82 par. 2°del CGP), lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto (para el caso de Antioquia, mediante el Acuerdo No. CSJANT20-56 del 16 de junio de 2020);
- No requiere acompañar copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado; modificando lo establecido en el art. 89 del CGP;
- Al presentarse, y so pena de inadmisión, se debe enviar por medio electrónico copia de la misma y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado; lo cual también aplica cuando, al inadmitirse la demanda, se presente escrito de subsanación. Y, de no conocerse el canal digital de la parte demandada, se debe acreditar con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.
Por lo anterior, desde el 1° de julio de 2020 -fecha desde la cual se levantaron plenamente los términos judiciales-, es necesario tener en cuenta esta nueva regulación establecida por el Decreto Legislativo 806 de 2020 en materia del otorgamiento de poderes y la presentación de demandas, armonizando la misma con las normas pertinentes del CGP y/o del CPACA, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se establecieron dos nuevas causales de inadmisión de la demanda; se eliminaron varios requisitos que estaban previstos en el CGP y que en las condiciones actuales son de imposible cumplimiento o resultan innecesarios, como la presentación personal de los poderes o el envío de las copias físicas o electrónicas de la demanda y sus anexos para el archivo del juzgado; y, finalmente, se establecieron nuevos requisitos necesarios para el trámite de los procesos judiciales a través del uso de las TICs.
SUCESORES FEDERICO ESTRADA VÉLEZ ABOGADOS.
Los invitamos a que esperen nuestra próxima publicación sobre la vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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[1] Conforme al art. 2 lit. a) de la Ley 527 de 1999, se entiende por mensaje de datos “La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”
[2] Según la RAE, “antefirma” es la “Fórmula del tratamiento que corresponde a una persona o corporación y que se pone antes de la firma en el oficio, memorial o carta que se le dirige.”