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El Consejo de Estado declaró la caducidad de la acción de reparación directa dado que la demanda debía presentarse dentro de los dos años siguientes contados a partir del momento en que fue incautado el vehículo, el 16 de febrero del 2010, dado que a partir de esta fecha el demandante conoció sobre la pérdida de su bien y se materializó la imposibilidad de explotarlo económicamente.
Para computar el plazo de caducidad de la acción de reparación directa no basta con la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, pues se debe determinar si el interesado conoció o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño.
El Consejo de Estado ha caracterizado las actividades peligrosas con el fin de ofrecer certeza sobre sus ámbitos de aplicación en la responsabilidad patrimonial. Las actividades peligrosas, según su jurisprudencia, tienen la potencialidad ampliada de lesionar porque su manipulación u operación, incluso en condiciones normales y de manera correcta, pueden alterar las fuerzas que despliega una persona respecto de otra, dado el carácter extraordinario del riesgo creado por la actividad.
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La elaboración de estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
La elaboración de estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
La elaboración de estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
La elaboración de estudios previos se impone como una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluido el de contratación directa, pues así surge a partir de lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
El Consejo de Estado manifestó que el riesgo excepcional que genera la presunción de responsabilidad sobre la entidad territorial demandada, en su condición de propietaria de una red eléctrica, y se estructuró al acreditarse que dicha red estaba a una distancia inferior de la permitida, esa circunstancia es la que determina jurídicamente que el daño se le impute causalmente a la red, así se trate de una cosa inerte.
La Corte Constitucional amparó derechos fundamentales a un menor de edad y a su familia vulnerados por una providencia judicial que incurrió en defecto fáctico al negar la reparación de los perjuicios causados por un accidente sufrido por el menor al salir de una unidad militar.
CONVOCATORIA CARGO DEPENDIENTE JUZGADOS CIVILES Y LABORALES.
La Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación jurisprudencial sobre los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes.
La responsabilidad por el control y vigilancia en la ejecución de los contratos estatales está en cabeza de la entidad estatal contratante y, por ende, es esta quien debe supervisar los contratos mediante sus funcionarios o servidores públicos, donde únicamente puede contratar personal en caso de necesitarlo como apoyo a dicha gestión.
El proceso de repetición es una acción civil patrimonial, cuya finalidad no es la de indemnizar a la entidad pública por un daño antijurídico, sino restituir patrimonialmente una suma pagada como consecuencia de una condena judicial cuya génesis tiene origen en la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público.
Dos operadores de telecomunicaciones suscribieron un contrato de interconexión en el que pactaron las condiciones técnicas de interconexión y específicamente su dimensionamiento. Además, acordaron que las controversias surgidas en la ejecución del contrato serían dirimidas por varias instancias administrativas y societarias y finalmente por un tribunal de arbitramento.
Las pautas de interpretación de los contratos que son aplicables a los contratos estatales consagran dos principios rectores y seis reglas.
Para determinar si un daño es imputable a una entidad se debe analizar si desde la perspectiva de la causalidad adecuada dicha conducta constituyó la causa de aquel menoscabo, es decir, si entre el daño alegado y la conducta de la entidad pública accionada existió una relación que posibilite su imputación jurídica, pues si entre este vínculo medió una causa externa, como el hecho exclusivo y excluyente de la víctima o de un tercero, el daño se entiende derivado de esa otra conducta y no del comportamiento de la parte demandada
Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que adelanta esta actividad, en caso de evidenciar serios elementos de juicio que establezcan que la permanencia en el cargo interfiere en el trámite de la investigación o permite que se continúe cometiendo la falta, podrá ordenar de manera motivada la suspensión provisional del servidor público.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho al debido proceso de una sociedad que interpuso una demanda, notificó el auto admisorio pero un tribunal declaró la nulidad de todo lo actuado porque la actuación no la realizó el secretario del despacho.
Una ciudadana instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social, vida digna y mínimo vital, los cuales consideró vulnerados con una sentencia proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por su parte, Colpensiones presentó escrito de impugnación en el cual manifestó que se configuraba la falta de legitimación pasiva en la causa y, en ese orden, solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela.
Al resolver anticipadamente un recurso extraordinario de revisión que formuló un ciudadano contra la sentencia proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga dentro de un proceso reivindicatorio, la Sala Civil de la Corte Suprema explicó la procedencia del recurso de revisión y su legitimación.
Los actos administrativos pueden clasificarse, según el número de órganos que intervienen en su expedición, en simples y complejos. Los primeros son aquellos que se profieren por una sola autoridad, independientemente de que esta sea individual o colegiada, los segundos son los que se emiten con la concurrencia sucesiva de dos o más voluntades administrativas
En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en un recurso de apelación, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la prescripción en favor de una aseguradora, porque transcurrieron más de dos años entre el conocimiento del hecho y la ejecutoria de la resolución que hizo efectiva la garantía.
En general, las acciones de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho buscan que se declare la nulidad de actos administrativos que infringen normas de carácter superior, expresó la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Señaló además que con la acción de simple nulidad se persigue la defensa de la legalidad del orden jurídico en abstracto y con la de restablecimiento del derecho, además de la defensa del ordenamiento jurídico, se busca el resarcimiento de un derecho subjetivo lesionado por un acto administrativo.
Un ciudadano solicitó la reparación de los perjuicios que le fueron causados por el grave deterioro que sufrió el inmueble de su propiedad en razón de la construcción realizada por otra persona, pretensión que le fue concedida de forma parcial por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El demandado interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia explicando que la causa eficiente del daño no es la construcción que realizó en su predio sino la falta de mantenimiento del inmueble. Además, insistió en la declaración de caducidad de la acción de reparación directa.
En los casos expresamente previstos en las leyes, ante el transcurso del tiempo sin que se haya notificado decisión alguna que resuelva el fondo de la petición correspondiente, será posible entender que la Administración ha adoptado una decisión de carácter positivo en relación con la referida petición, respuesta favorable que igualmente se entenderá incorporada en el correspondiente acto administrativo ficto o presunto.
Las garantías del debido proceso, aplicables a todos los procedimientos administrativos, cobijan la fase previa o de formación de los actos administrativos sancionatorios contractuales, dado que los administrados tienen derecho a ser oídos antes de que se tome una decisión, con el fin de controvertir y discutir los elementos que reúne la Administración de cara a la decisión que les afecta, como parte de las garantías mínimas previas derivadas de este derecho fundamental
Uno de los elementos esenciales para definir un riesgo como previsible o imprevisible, es identificar si el mismo podía preverse antes de la celebración y ejecución del contrato o no, en tal sentido. En este sentido, se menciona que los riesgos imprevisibles que afecten la ecuación contractual pueden dar lugar al deber de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los términos del Estatuto General de la Contratación Estatal.
Uno de los elementos esenciales para definir un riesgo como previsible o imprevisible, es identificar si el mismo podía preverse antes de la celebración y ejecución del contrato o no, en tal sentido. En este sentido, se menciona que los riesgos imprevisibles que afecten la ecuación contractual pueden dar lugar al deber de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los términos del Estatuto General de la Contratación Estatal.
La Sección Primera del Consejo de Estado decidió un recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare. En el recurso se pretendía resolver si se configuraron los elementos de la responsabilidad fiscal para declarar responsable a la parte demandante en su calidad de gerente de una empresa de acueducto, alcantarillado y aseo.
La Corte Constitucional estudió la demanda interpuesta por un ciudadano en contra del artículo 37 de la Ley 2195 de 2022, tras considerar, como único cargo, que este contraviene los artículos 4, 119, 267, 268.5 y 272 de la Constitución, en tanto somete a los particulares a responsabilidad fiscal sin haber realizado gestión fiscal conforme a los títulos habilitantes para ello.
El presente asunto se refiere a la definición de la autoridad competente para continuar con el seguimiento de las medidas de restablecimiento dictadas a favor del niño J.D.N.C. y definir de fondo su situación jurídica (artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia), así como para continuar prestando los servicios especiales que requiere, dada su condición de discapacidad, y la vinculación del menor de edad y su familia al programa Hogar Gestor.
En un recurso de apelación, se le planteó a la Sección Tercera del Consejo de Estado establecer si en el presente caso debió declararse la nulidad de una resolución y, por consiguiente, la del contrato que fue adjudicado mediante dicho acto administrativo, en donde debía aclararse si las certificaciones de experiencia de las postulantes a revisoras fiscales de una sociedad cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y si la oferta de dicha sociedad era, en esa medida, la mejor calificada y la más favorable para la entidad contratante.
Un municipio suscribió un contrato de obra con una unión temporal, el cual sufrió siete suspensiones y fue liquidado unilateralmente. En primera instancia, se declaró el incumplimiento contractual del municipio, la nulidad de la resolución mediante la cual se declaró la liquidación unilateral del contrato y se condenó en abstracto al municipio al pago de los perjuicios materiales.
Se presentó un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano frente a la sentencia proferida por un tribunal superior en un proceso de responsabilidad civil extracontractual. El accionante fundamentó el recurso en las causales previstas en los numerales 1º, 6º y 8º del artículo 355 del Código General del Proceso.
Un consorcio contratista solicitó, entre otras pretensiones, que se declarara el incumplimiento de una entidad de la obligación legal de liquidar un contrato que había sido declarado nulo por esta jurisdicción y que se la condenara al pago de algunas sumas adeudadas.
Le correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado resolver un recurso de apelación contra la sentencia que decidió sobre la legalidad de unas resoluciones mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio impuso a unas empresas multas por infringir el artículo 1º de la Ley 155 y el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153.
La Sección Segunda del Consejo de Estado decidió una impugnación formulada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia mediante la cual amparó el derecho al debido proceso a una ciudadana. Lo anterior al considerar que con dicha decisión incurrió en defecto sustantivo al desconocer los términos de caducidad y prescripción contra la extinta Cajanal.
La suscripción de nóminas paralelas es un concepto utilizado para referirse a la designación de una gran cantidad de personas que trabajan durante largos periodos en las entidades públicas en forma directa o mediante cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o los denominados outsourcing, para el cubrimiento de necesidades permanentes o recurrentes de las entidades.
Advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado que cuando la obligación que se cobra deviene de una providencia judicial (bien sea sentencia o laudo arbitral), el Código General del Proceso limitó los medios de defensa que puede impetrar el ejecutado, ya que en el numeral 2 del artículo 442 se estableció claramente que
El usufructo es el derecho a usar y disfrutar bienes ajenos, sin tener su pleno dominio. De acuerdo con el artículo 824 del Código Civil, esta figura supone necesariamente dos derechos coexistentes: el del nudo propietario y el del usufructuario. Por lo tanto, tiene una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad.
Un ciudadano consideraba vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición por la presunta mora en la que ha incurrido la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al resolver el recurso de apelación que interpuso dentro del trámite administrativo de solicitud de rompimiento de la solidaridad ante una empresa de servicios públicos.
En el caso bajo examen la accionante pretendía la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho de defensa, a la intimidad personal y al buen nombre, presuntamente quebrantados por la Superintendencia Nacional de Salud al emitir un comunicado interno por medio del cual puso en conocimiento de los servidores de la entidad la sanción que le fue impuesta por la oficina de control disciplinario y que procedía el recurso de apelación.
La capacidad residual es una aptitud que se exige a los oferentes con el objetivo de establecer o determinar si estos pueden o no cumplir de manera oportuna y a cabalidad con las obligaciones derivadas del contrato de obra pública, sin que los demás compromisos contractuales que hubieran adquirido les afecte la habilidad de cumplir con el objeto del contrato que está en proceso de selección
En el caso objeto de estudio el apelante sostiene que debieron reconocerse en su favor los mayores costos que supusieron las múltiples suspensiones del contrato por estar debidamente acreditados en el expediente.
La limitación de que trata el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que prohíbe adicionar a los contratos estatales por encima del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, es aplicable para los convenios interadministrativos cuando comporten un contenido patrimonial y, por ende, estén sujetos al régimen jurídico del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
Los servidores públicos son las personas encargadas de cumplir y realizar las funciones y los fines establecidos por el Estado para su funcionamiento. Para evitar que los intereses particulares interfieran con las funciones públicas, el ordenamiento jurídico establece un sistema de inhabilidades e incompatibilidades para quienes desempeñan cargos públicos.
El restablecimiento del equilibrio económico del contrato podrá realizarlo directamente la administración durante el desarrollo del contrato adoptando las medidas necesarias que aseguren la efectividad de los pagos y reconocimientos al contratista que haya lugar. Estas medidas podrán materializarse a través de los distintos acuerdos que suscriban las partes como prórrogas, adiciones, otrosíes o cualquier acuerdo modificatorio que se considere necesarios para solventar el desequilibrio del contrato de acuerdo a las particularidades de cada caso.
Como parte de su función preventiva, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios instó a varias entidades a disponer las herramientas y medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia sobre el régimen especial de baldíos; por lo tanto, le solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) reactivar el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural; al Ministerio de Justicia, coordinar las relaciones entre las ramas del poder público y el sector judicial, y a la cartera de Agricultura conocer lo gestionado sobre formulación y ejecución de políticas públicas inherentes al sector.
Fraccionar la unidad natural de un objeto contractual con el propósito de evadir una cuantía superior que implicaría un proceso de selección diferente, tiene como consecuencia la nulidad absoluta del contrato. Ahora bien, a la luz de la jurisprudencia sólo habrá fraccionamiento del contrato cuando concurran los siguientes elementos a saber:
En una acción de nulidad y restablecimiento del derecho se buscaba resolver si era procedente declarar la nulidad de unos actos acusados, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 510 de 1999, al no excluir de la masa liquidatoria los bienes entregados a la parte demandada, por ser especies identificables.
El restablecimiento del derecho derivado de la demostración de la existencia de una relación laboral cuando media un contrato de prestación de servicios, es el reconocimiento de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales que no se cancelaron; sin embargo, pese a que a que se pruebe la relación laboral, lo anterior, no implica que persona obtenga la condición de empleado público. Es pertinente mencionar, en lo que respecta al restablecimiento del derecho, las siguientes premisas jurisprudenciales a saber:
Solo son susceptibles de ser consideradas entidades estatales los entes descentralizados indirectos en los que exista una participación pública mayoritaria. De esta manera, las personas jurídicas producto de la asociación entre entidades públicas solo podrán ser consideradas entidades estatales a efectos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en aquellos casos en los que la participación de las entidades estatales en los aportes que concurren a su creación sea igual o superior al cincuenta por ciento. Por el contrario, las entidades descentralizadas indirectas en las que la participación del Estado sea minoritaria no constituyen entidades estatales en los términos de la Ley 80 de 1993, por lo que están relevadas de dicho régimen.
En una acción de nulidad y restablecimiento del derecho se pretendía la nulidad de unas decisiones que resolvieron una investigación disciplinaria adelantada contra la hoy demandante, que la sancionaron con suspensión en el ejercicio del cargo por un mes, por su responsabilidad disciplinaria en la ejecución de unos contratos.
La creación de causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador. Por lo anterior, las entidades públicas no están facultadas para introducir en el pliego de condiciones ni en sus manuales o estatutos de contratación (en el caso de las entidades que tienen régimen especial) causales de inhabilidad o incompatibilidad que no estén previstas en la ley.
La administración pública puede interpretar el pliego de condiciones siempre que exista un vacío, una laguna, o una contradicción que pueda ser subsanada a partir de la lectura o interpretación conforme a los principios aplicables a la contratación estatal.
El régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales es la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación, no el resultado
La supervisión es uno de los medios para que las entidades ejerzan la dirección, control y vigilancia de sus contratos, con el fin de lograr el objeto contractual, función que puede ser asignada a un empleado público siempre que las actividades se ajusten a las fijadas para el cargo, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El daño condiciona la vocación de prosperidad de la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de las acciones, omisiones, operaciones administrativas, ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o, en general, por cualquier otra causa, recordó la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En el caso objeto de estudio se pretendía la declaración de responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades y la condena al pago de la totalidad de daños y perjuicios que afirmaba la demandante padeció por la adjudicación de las acciones de una sociedad en liquidación obligatoria y su posterior orden de devolución a una sociedad anónima.
La exigencia legal consistente en que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse, no es una simple formalidad irrelevante para el proceso, sino que, por el contrario, constituye el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia, por lo cual dicha sustentación debe comprender la exposición clara de los motivos de la inconformidad del apelante, acompañada de argumentaciones que cuestionen las razones lógicas y jurídicas a las que llegó el juez de primera instancia.
Una entidad interpuso acción de tutela para obtener la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, vulnerado, en su concepto, por la autoridad judicial accionada, que no dio trámite al proceso de controversias contractuales adelantado contra una aseguradora con la que había celebrado un contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual.
Cuando la obligación que se cobra deviene de un contrato estatal, por regla general, el título ejecutivo tiene el carácter de complejo, en la medida en que no se encuentra conformado solamente por el negocio jurídico, sino también por otros documentos como actas y facturas elaboradas por la Administración y por el contratista, en los que conste la existencia de la obligación a favor de este último y a partir de los cuales sea posible deducir de manera clara y expresa tanto su contenido como su exigibilidad, advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos de comodato con personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar actividades y programas de interés social y como una herramienta válida para aminorar gastos de administración, mantenimiento y conservación de los bienes públicos que custodian, a cambio de lo cual el comodatario podrá disponer de su uso y goce y percibir los frutos derivados de su explotación, sin ninguna contraprestación económica en favor de la entidad pública
Las entidades públicas tienen un límite temporal para acudir las multas como mecanismo corrector de las obligaciones incumplidas, el cual está intrínsecamente ligado a la finalidad de apremio que persiguen, por lo cual solo pueden aplicarse dentro de la vigencia del contrato y siempre que tengan la virtualidad de lograr su cometido, esto es, constreñir al contratista al cumplimiento; de manera que si, aún estando vigente el plazo, ese no es su propósito porque, por ejemplo, las obligaciones que se habían inobservado ya se cumplieron o porque se acordaron otros mecanismos de remediación para lograr su cumplimiento y estos se están ejecutando adecuadamente, entonces no habrá lugar a imponerlas, pues habrán perdido su razón de ser
Conforme al CGP es posible el testimonio anticipado con y sin citación de la contraparte, y en este último caso se requerirá su ratificación sólo en el evento de que la parte contra quien se aduzca lo solicite, así mismo se tendrá como una prueba a la cual el juez le dará el valor correspondiente, siempre y cuando cumpla las formalidades establecidas en el artículo 221 de este Estatuto.
La facultad que otorga la ley a las entidades públicas para declarar la caducidad del contrato es reglada y, por tanto, no les está dado ampliar los supuestos que el legislador ha dispuesto como condición para su habilitación. Dichos supuestos son de aplicación restringida, estricta y rigurosa y, por ello, so pretexto de las finalidades que se pueden predicar de esta figura, todas las cuales están intrínsecamente relacionadas con la protección del interés público, no es posible introducir condiciones habilitantes que la ley no ha previsto expresamente.
La Sala Plena del Consejo de Estado estudió una acción popular mediante la cual el actor solicitó que se declararan vulnerados los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público, afectados por la retención que hizo un fondo de financiamiento de unos dineros pertenecientes a un departamento, y que le habían sido consignados en desarrollo de un convenio interadministrativo celebrado entre las dos entidades para garantizar unos créditos. A juicio del demandante, los requisitos para hacer efectivas las garantías no se habían cumplido y por ello no procedía la retención de los dineros.
El equilibrio contractual puede alterarse (i) por situaciones imprevisibles e irresistibles ajenas a las partes, eventos en los cuales, según lo prevé el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene derecho a ser llevado a un punto de no pérdida porque como colaborador de la Administración no está legalmente llamado a soportar solo los efectos económicos imposibles de prever y precaver; (ii) cuando la ecuación se altera por decisión de la Administración en ejercicio del poder soberano o del ius variandi el derecho del contratista va más allá y le permite mantener inalterado el equilibrio entre deberes y obligaciones surgidos al momento de contratar.
El control preventivo aplicado por la Contraloría General de la República muestra un balance completamente favorable, como lo prueba la reactivación de unos 1.178 proyectos de obras públicas de infraestructura, educación, salud y otros ámbitos de interés social, por cerca de de 30 billones de pesos, resaltó hoy el Contralor Felipe Córdoba.
El coaseguro es un mecanismo por medio del cual dos o más aseguradoras distribuyen la asunción de un riesgo en porcentajes previamente pactados a través de un único contrato de seguro, diferente a la coexistencia de seguros. Además, de conformidad con la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, la responsabilidad de las coaseguradoras en caso de un siniestro es conjunta y no solidaria.
La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió tumbar parte de la reforma de control fiscal que el presidente Iván Duque avaló bajo facultades extraordinarias en el 2019
La debida planeación es un principio rector de la actividad contractual de la administración, por medio del cual se dispone que los contratos del Estado deben ser debidamente diseñados y pensados con antelación, delimitando claramente las necesidades y prioridades a satisfacer con ellos y que demanda el interés público, pues el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación.
La existencia de un trabajo subordinado consistente principalmente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio.
Mediante la Sentencia C-091/22, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del trámite del control automático e integral de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, por considerar que el grado de limitación de los derechos de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y al debido proceso, era desproporcionado en comparación con el nivel de satisfacción de los fines perseguidos.
No necesariamente debe concluirse que el contratista, en cada una de las comunicaciones que tenga con la entidad, esté obligado a dejar salvedades, en especial, cuando ello se constituye en una exigencia imposible de cumplir, si las razones de sus salvedades no se han materializado, ya que lo relevante es que no se sorprenda a su cocontratante con una futura demanda que inobserve la conducta contractual desplegada durante la ejecución del contrato, lo que implicaría venir en contra de sus propios actos, en desatención de los mandatos de la buena fe.
La competencia para elegir al Contralor General de la República y a los contralores del orden territorial fue conferida por la Constitución Política al Congreso, a las asambleas y a los concejos, respectivamente, precisó la Sección Quinta del Consejo de Estado. También por disposición del texto superior, esta potestad nominadora requiere la realización de una convocatoria pública reglada, que permita una amplia participación de los ciudadanos interesados, que cumplan con los requisitos igualmente previstos a nivel constitucional.
La Ley de Garantías (Ley 996/05) prohíbe a las entidades estatales realizar nombramientos en empleos de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular. Por lo tanto, solo es posible efectuar nombramientos en provisionalidad durante este tiempo cuando se trate de solventar situaciones atribuidas a renuncia, licencia o muerte.
A propósito de una sentencia reciente del Consejo de Estado -Sección Tercera, cabe recordar algunos de los principales lineamientos jurisprudenciales aplicables a la responsabilidad del Estado por la actividad médico-sanitaria, como uno de los campos de la responsabilidad del Estado que ha tenido mayor desarrollo, estableciéndose un régimen que incluso tiene ciertas particularidades con respecto al régimen de la responsabilidad civil médica, pese a tratarse de la misma actividad.
Es un hecho, acaba de integrarse a la normativa nacional el Decreto Legislativo 806/20, con el cual se adoptaron las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las actuaciones judiciales
En una acción de tutela, la accionante estimó vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales debido a que la autoridad judicial accionada le impuso la carga de pagar los gastos que conllevó la práctica de una prueba pericial, a pesar de que en el auto admisorio de la demanda de reparación directa le concedió el amparo de pobreza.
No basta con demostrar el incremento en los gastos para la ejecución del contrato, como lo es, por ejemplo, el aumento en el pago de una estampilla, sino en todos los casos debe acreditarse que se alteró de manera grave el equilibrio financiero del contrato.
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Garantías (Ley 996/05), se suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso
La calificación jurídica de los hechos que dan lugar a la declaración unilateral del siniestro de calidad del servicio, cuando este recae en la mala calidad o insuficiencia del producto entregado en virtud de un contrato de consultoría, debe corresponder a perjuicios derivados de:
Si la persona jurídica con menos de tres años de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado constantemente de forma oportuna, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres años
El artículo 1046 del estatuto mercantil le manda al asegurador que entregue al tomador, dentro de los 15 días siguientes a su celebración, con fines exclusivamente probatorios, el original del documento contentivo del contrato de seguro, donde se expresen las condiciones generales y las particulares y las que acuerde con el otro contratante, precisó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Con el fin de realizar la verificación y evaluación permanente del sistema de control interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar a un funcionario público adscrito al nivel jerárquico superior, en los términos previstos en la ley. Por lo tanto, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública, asesor, coordinador, auditor interno o jefe de control interno han sido considerados por el legislador como sinónimos.
El régimen jurídico del contrato público o privado resulta irrelevante para efectos del conteo del término de caducidad de la acción contractual.
Existen distintas modalidades de pago del valor del contrato: a precio global, a precios unitarios, por administración delegada, rembolso de gastos y pago de honorarios. Aunque no están previstas de forma expresa en la Ley 80 de 1993, a diferencia del Decreto 222 de 1983, permiten cuantificar los costos de la obras o servicios necesarios para la ejecución del contrato (art. 24, ordinal 5º, literal c).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1045 de 1978, para efectos de vacaciones no se considera interrumpido el tiempo de servicio cuando la suspensión de labores sea motivada por incapacidad no superior a 180 días ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo.
La liquidación unilateral de un contrato puede adelantarse sin necesidad de un procedimiento administrativo en el que se permitan descargos y decreto de pruebas al contratista ya que no corresponde a un trámite sancionatorio sino al ejercicio de una facultad legal que permite establecer mediante acto administrativo el cruce de cuentas final del contrato.
Conozca el texto del comunicado de prensa de la Corte Constitucional en el que informa la declaratoria de la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, con efectos retroactivos, a partir de su expedición
Si bien en principio no está en la obligación de demostrar los perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento para efectos de hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria; a su vez debe tenerse en cuenta que si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal.
Le correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado resolver si existía una obligación en relación con vinculación de aprendices por parte de Telecom durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002, obligación que incumplió y que motivó una multa por parte del Sena.
La Sección Primera del Consejo de Estado, para el caso bajo estudio, concluyó que la segunda instancia incurrió en defecto fáctico, pues si bien indicó que en la reliquidación de una pensión de jubilación habían sido incluidos todos aquellos factores sobre los cuales se hicieron las respectivas cotizaciones, omitió valorar las pruebas que daban cuenta que algunos factores tuvieron un incremento, producto del proceso de homologación y nivelación salarial.
El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato. Por ende, si el interventor no se encuentra de acuerdo con las órdenes de la entidad estatal contratante, deberá realizar las salvedades correspondientes y/o asesorar a la entidad en la respectiva modificación del Contrato, si a ello hubiere lugar
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 13, 16, 17, 18, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la Ley 2094 del 2021, “por medio de la cual se reforma la Ley 1952 del 2019 y se dictan otras disposiciones”, por vulnerar los artículos 29, 93, 113, 116, 117, 118, 152, 277.6 y 278.1 de la Constitución y 8 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El juez podrá decretar medidas cautelares en los procesos declarativos a petición de parte, cuando considere que son necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 229 del CPACA), recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado. Conforme al artículo 230 del CPACA, el magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
La Ley de Garantías Electorales (Ley 996/05) establece unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental como garantía del equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral, con el fin de evitar que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio en campaña electoral para favorecer a uno o varios candidatos, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Garantías (Ley 996/05) y en la Circular Conjunta 100-006 del 2021, a todos los entes del Estado les está prohibido realizar contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso
La experiencia de persona jurídica será la contenida en el certificado del Registro Único de Proponentes, emitido por la Cámara de Comercio correspondiente en donde se haya efectuado la inscripción o renovación. En todo caso, es pertinente indicar que esa experiencia seguirá vigente, luego de los primeros 3 años de constitución de la persona jurídica, siempre que el RUP siga vigente y sus efectos no hayan cesado.{´
Si se evidencia un vacío o contradicción en las reglas establecidas para la selección del contratista, la entidad debe modificar de ser procedente el Pliego de Condiciones antes del cierre o presentación de las ofertas o dar continuidad al proceso respetando su tenor literal o revocar el acto de apertura, pero en ningún caso el Comité Evaluador puede modificar, ajustar o precisar el Pliego so pretexto de interpretarlo, porque tal proceder comporta una clara modificación de las reglas del proceso de contratación quebrantándose los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva
El pasado 24 de diciembre, se expidió el Decreto 1860, reglamentario de los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 del 2020 (Ley de Emprendimiento). Esta norma establece el procedimiento de mínima cuantía para la contratación con Mipymes y grandes almacenes y la definición de criterios diferenciales de calificación para emprendimientos y empresas de mujeres.
La obligación de la entidad contratante de liquidar el contrato, a falta de acuerdo entre las partes, puede requerir una interpretación del clausulado y del derecho aplicable, como fundamento jurídico de la motivación con la que la Administración impone unos ajustes, revisiones y reconocimientos. Sin embargo, lo anterior en modo alguno puede conllevar a la imposición o supresión de prestaciones contractuales ya que ello implicaría una modificación, con la que se desconocería la fuerza normativa del acuerdo de voluntades.
Si lo que se pretende es la exigibilidad de la garantía única de cumplimiento a través de la expedición de un acto administrativo, lo anterior supone que en tal acto la entidad pública contratante deba cumplir con la acreditación dos presupuestos fundamentales, que son la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.
La presentación de la demanda se constituye en el criterio interpretativo del parágrafo del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, de manera que la reducción del puntaje no se aplicará cuando el acto administrativo que impuso la multa haya sido demandado mediante cualquiera de los medios de control establecidos en el Título III de la parte segunda de la Ley 1437 de 2011.
Función principal: Seguimiento, vigilancia, identificación, análisis y reporte de las novedades en procesos tramitados en juzgados administrativos, a través de los aplicativos digitales disponibles y ocasionalmente acudiendo a los despachos respectivos.
Función principal: Responsable de la gestión, control, seguimiento e ingreso de las novedades de los procesos judiciales en los aplicativos que para el efecto disponen los clientes empresariales de la oficina.
Los contratistas de prestación de servicios se encuentran por fuera del ámbito de aplicación el artículo 128 de la Constitución, al no ser titulares de un empleo público, lo que supone que es perfectamente válido que una persona suscriba varios contratos de prestación de servicios con el Estado, no existiendo una disposición que así lo prohíba.
Por medio de la Circular 100-002, del 3 de marzo, el Departamento Administrativo de la Función Pública estableció los lineamientos organizacionales para la adecuación de las unidades u oficinas de instrucción y juzgamiento de control disciplinario interno en las entidades públicas.
La Sección Primera del Consejo de Estado decidió, en única instancia, la demanda interpuesta contra el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1400 del 2005, “por el cual se someten a inspección, vigilancia y control las entidades que administran sistemas de pago de bajo valor y se dictan otras disposiciones”, conforme fue modificado por el Decreto 2999 del 2005, ambos expedidos por el Ministerio de Hacienda.
El patrimonio público es el conjunto de bienes y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, propiedad del Estado que le sirven para cumplir sus cometidos, conforme a la legislación positiva, explicó el Consejo de Estado. En ellos se incluyen, además del territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de apreciación pecuniaria cuyo titular es toda la población, los valores tangibles e intangibles o no fácilmente identificables tales como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio ambiente.
El Consejo Superior de la Judicatura decidió que los servicios de justicia se continuarán prestando de manera virtual a través de los medios tecnológicos dispuestos. Además, a partir de mañana (1º de marzo) todos los despachos, sedes judiciales y dependencias administrativas retornarán a la presencialidad en un mínimo del 60 %, mientras dure la emergencia sanitaria.
El patrimonio público es el conjunto de bienes y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, propiedad del Estado que le sirven para cumplir sus cometidos, conforme a la legislación positiva, explicó el Consejo de Estado. En ellos se incluyen, además del territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de apreciación pecuniaria cuyo titular es toda la población, los valores tangibles e intangibles o no fácilmente identificables tales como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio ambiente
El alto tribunal constitucional amparó el derecho al debido proceso vulnerado por una providencia que negó la reparación del daño reclamado por la posible negligencia en un caso de atención médica en el que el hijo del accionante falleció
Los elementos del enriquecimiento sin causa han sido definidos por la Corte Suprema de Justicia y del Consejo del Estado. Si bien pueden encontrarse diferencias entre los pronunciamientos que los definen, la jurisprudencia de las dos Altas Cortes coincide en señalar tres elementos básicos de esta institución:
Con el fin de fortalecer la labor de unificación de jurisprudencia, y de garantizar la vinculatoriedad del precedente contencioso administrativo y los principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica de los usuarios de la administración de justicia; la Ley 2080 de 2021 estableció cambios sustanciales con respecto a las decisiones que pueden ser asumidas por el Consejo de Estado con fines de unificación de jurisprudencia, adicionando nuevas causales y realizando ajustes y aclaraciones con respecto al procedimiento que debe seguirse para operar esta figura.
El amparo de no inversión del anticipo implica la devolución total del valor nominal del anticipo, y no sólo de su valor neto. En este sentido, por ejemplo, el gravamen al movimiento financiero causado por la devolución del anticipo únicamente es atribuible al contratista incumplido, quien deberá asumir con sus recursos el pago de tal impuesto
Cuando el oferente otorga poder a una persona, que será su mandatario o apoderado, se establece la posibilidad de que, en virtud de ese mandato, el apoderado intervenga en la audiencia a nombre del proponente. Por consiguiente, se refiere a la capacidad de representar y adquirir obligaciones a nombre del proponente.
El debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, principio rector de las actuaciones administrativas (artículo 3 del CPACA), tiene una materialización singular y significativa frente a las actuaciones de la Administración durante su actividad contractual, recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado
El precio artificialmente bajo es aquel que además de ser muy reducido, no encuentra fundamento en su estructuración en el tráfico comercial. En este punto, es importante diferenciar las ofertas artificialmente bajas y las ofertas competitivas, entendiendo por estas últimas aquellas que tienen en su estructura de costos economías de escala o economías de alcance, que permiten generar un bien o un servicio a menor costo que el del resto de proveedores en el mercado.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 3, 65 y 72 del CPACA (Ley 1437/11), los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso, sin perjuicio de la notificación por conducta concluyente.
Cuando se trata de reconocimiento del lucro cesante, a efectos de garantizar una indemnización integral, efectiva y justa, el máximo tribunal administrativo acogió el acrecimiento como un principio general del derecho que opera de forma automática en los casos en que, ante la reclamación de un derecho y la falta de uno de los titulares del mismo, concurren varias personas con vocación para acceder a este.
El hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las partes suscriben para suspender, modificar o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación
La prohibición contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías no ha sido objeto de modificación y por lo tanto su restricción permanece a pesar de la expedición de la Ley Anual de PresupuestoNo. 2159 de 2021. Esto significa que cuando empiece el periodo preelectoral de las elecciones presidenciales, deberá aplicarse tanto la prohibición para la contratación directa contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías, como la prohibición del parágrafo del artículo 38 que rige en todo tipo de elección popular
Si el prestador de servicios públicos requiere infraestructura municipal y/o distrital para desarrollar sus actividades, entendiendo por esta la que ha sido adquirida con recursos del ente territorial o que habiéndose construido con recursos de terceros ha sido cedida a un municipio o distrito, el prestador podrá acceder a la misma a través de distintas modalidades contractuales (contratos especiales), a la luz de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994
Las normas relativas a la caducidad de la facultad sancionatoria en materia administrativa, también son aplicables a los procedimientos sancionatorios en materia contractual. Consecuencia de lo anterior, por ejemplo, si transcurre el término de un (1) año sin que se resuelva el recurso de reposición, la entidad pública pierde competencia para resolver. En este evento, los recursos que no se deciden en el término fijado, se entenderán resueltos a favor del recurrente.
La norma señala que antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión se deberá verificar si el contratista, esto es, la persona natural o jurídica, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza, para lo cual deberá apoyarse en las plataformas tecnológicas disponibles, tales como SECOP y el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO).
Con respecto al reconocimiento de perjuicios morales derivados de la pérdida de bienes materiales, si bien no hay una posición unificada del Consejo de Estado en relación con el monto a reconocer, en todo caso sí se ha establecido jurisprudencialmente la posibilidad de su indemnización, para lo cual se requiere – como sucede con cualquier clase de perjuicio – que sea debidamente demostrado en el proceso judicial.
Los proponentes o proveedores interesados en participar en los procesos de contratación que se publican en esta plataforma deban registrarse en el SECOP II, pues de lo contrario no podrían hacer comentarios a los documentos del procedimiento, presentar ofertas y, en general, seguir el procedimiento de selección en línea, pues la plataforma exige dicho registro para realizar dichas actuaciones. En este sentido, las empresas industriales y comerciales del Estado –al igual que las demás entidades del Estado–, que pretendan fungir como contratistas de entidades estatales que publiquen su actividad contractual en el SECOP II, deben registrarse en la plataforma como Entidad y solicitar a la mesa de servicio la habilitación del perfil de proveedor
En los contratos interadministrativos resulta procedente ejercer las competencias o potestades unilaterales de la Administración para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento
El Decreto 1860 reglamenta los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 del 2020 (Ley de Emprendimiento), relacionados con el procedimiento de mínima cuantía, la contratación con Mipymes y grandes almacenes y la definición de criterios diferenciales de calificación para emprendimientos y empresas de mujeres
En los contratos regidos por el derecho privado pueden pactarse, en general, facultades unilaterales, sin que lo anterior implique que la Entidad Contratante las haga efectivas mediante acto administrativo, sujeto a recursos.
Los interesados en demandar actos administrativos contractuales, como lo es por ejemplo la caducidad o las multas, tienen dos posibilidades: demandarlos por separado o en forma conjunta con la liquidación.
La compensación es un modo de extinción de las obligaciones recíprocas entre dos personas que evita un doble pago. Ahora bien, la compensación opera por ministerio de la ley y aun sin el consentimiento de los deudores, extinguiéndose las deudas hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento en que se cumplan los siguientes requisitos
En tratándose de la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal, es necesario que se establezca, con certeza, que el contratista afectado con dicha decisión estaba en una posición jurídicamente relevante que, en el curso normal de los hechos, le habría permitido, potencialmente, celebrar contratos con el Estado y, por tanto, recibir ganancias derivadas de su ejecución, pero que, ante el rompimiento de tal devenir normal, esa posibilidad se vio truncada con ocasión de la inhabilidad que se produce como consecuencia de tal decisión administrativa
Para demandar la declaratoria de caducidad de un Contrato Estatal, es preciso cuestionar necesariamente el acto administrativo de liquidación unilateral, decisión que contiene el estado final del contrato y está amparada por la presunción de legalidad
El Gobierno Nacional sancionó en el día de ayer el nuevo Código General Disciplinario, derogando la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011. En lo que respecta a las faltas relacionadas con la Contratación Pública, los sujetos disciplinables y las medidas preventivas que puede adoptar el Ministerio Público, nos permitimos realizar un resumen a continuación:
Fue sancionada la Ley que modifica los artículos 6, 7 y 65 de la Ley 80 de 1993, así como el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Con base en la mencionada Ley, las Entidades del Estado podrán suscribir bajo la modalidad de contratación directa, contratos o convenios, con las siguientes entidades y organizaciones a saber
La Presidencia de la República, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, elaboró el documento «Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República». En consecuencia, con el fin de brindar una guía que permita dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 996 del 2005 o Ley de Garantías, expidieron una circular donde anexaron el documento, para que sea observada en todas las actuaciones que se realicen en el periodo previo a las elecciones por todas las entidades públicas
En reciente sentencia, el Consejo de Estado recalcó nuevamente la importancia de la prueba indiciaria y cómo su desconocimiento puede acarrear un defecto fáctico frente a la valoración probatoria en el caso en concreto; lo anterior, teniendo como punto central que este medio de inferencia lógica adquiere gran relevancia para el juzgador al momento de la solución de las situaciones jurídicas que se presentan y, por ende, que no debe desconocerse el mismo a la hora de la toma de decisiones.
Si bien la ausencia de salvedades no impide el estudio de fondo de las reclamaciones presentadas por el contratista con ocasión a la ejecución de un contrato estatal, al momento de suscribirse una modificación, adición, prórroga o liquidación del contrato, debe tenerse en cuenta para efectos de incorporar salvedades, los siguientes requisitos o criterios que se enuncian a continuación:
Ante la necesidad de realizar más capacitaciones para socializar el contenido de los documentos tipo de infraestructura social, así como los documentos complementarios relacionados con el sector educativo expedidos, Colombia Compra Eficiente consideró adecuado, para garantizar la debida aplicación del contenido de los documentos, aplazar la entrada en vigencia de los mismos, adoptando un esquema de implementación gradual y progresivo
Para que se configure el rompimiento del equilibrio económico del contrato, que dé lugar al reconocimiento de los mayores costos a favor de la parte afectada, en síntesis, corresponde a los siguientes cuatro (4) requisitos:
1) Que, con posterioridad a la celebración del contrato, se presente un hecho ajeno a las partes, no atribuible a ninguna de ellas. 2) Que ese hecho altere, de manera anormal y grave, la ecuación económica del contrato, es decir, que constituya un alea extraordinaria. 3) Que esa nueva circunstancia no hubiera podido ser razonablemente previsible por las partes. 4) Que esa circunstancia imprevista, dificulte la ejecución del contrato, pero no la imposibilite
Teniendo en cuenta que el día de mañana 13 de noviembre de 2021 entrará a regir la restricción de la Ley de Garantías Electorales, en virtud de la cual no se podrán suscribir Convenios ni Contratos Interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, a continuación, se desarrollará el alcance de la mencionada prohibición:
Conforme a la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, la acumulación de pretensiones de responsabilidad contractual y extracontractual derivada del incumplimiento de un contrato de transporte de pasajeros, es viable y no puede ser confundida con la prohibición de opción entre los distintos regímenes de la responsabilidad civil; no obstante, para que el contrato de seguro de responsabilidad civil cubra los perjuicios derivados de ambas pretensiones, es necesario que en el mismo se encuentre amparada tanto la responsabilidad civil contractual como extracontractual.
La responsabilidad civil extracontractual, de forma general, es el deber de reparar las consecuencias de un hecho dañoso por parte del causante, bien porque dicho hecho sea consecuencia de la violación de deberes entre el agente dañoso y la víctima al mediar una relación jurídica previa entre ambos o porque el daño ocurra sin que exista ninguna relación jurídica previa entre agente y víctima, indicó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, según una providencia precedente
Con ocasión a la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, conozca el texto definitivo que en su momento fue aprobado por el Senado de la República, mediante el cual se decreta el presupuesto de la Nación para el año 2022. En especial, el contenido y alcance de la modificación parcial a la prohibición de la suscripción de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos
Por medio de un auto interlocutorio, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó la adecuación del trámite de la demanda que busca la nulidad del artículo 1º del Decreto 847 del 2020, que modificó el Decreto 749 del 2020, el cual impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus (covid-19) y el mantenimiento del orden público.
El límite temporal establecido en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado no supone una prohibición para celebrar contratos de prestación de servicios de manera sucesiva antes del término de treinta (30) días hábiles, siempre que se atiendan las disposiciones normativas pertinentes, toda vez que este término se establece con el fin de tener un marco de referencia para el cómputo de la prescripción de los derechos reclamados, en aquellos eventos donde se determine por parte del juez la existencia de una relación laboral subyacente.
El daño a la salud es uno de los perjuicios inmateriales que actualmente se indemniza en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual ha tenido un desarrollo y una evolución en la jurisprudencia del Consejo de Estado, al punto de que hoy existen varias sentencias de unificación que han establecido los parámetros que deben tener en cuenta los Tribunales y Jueces Administrativos tanto para su reconocimiento como para su cuantificación.
La obligación de pago del asegurador surge como consecuencia de la efectiva realización del riesgo asegurado, lo cual supone no solo la prueba del siniestro sino también necesariamente de la cuantía de la pérdida.
Si una entidad pública en un proceso de contratación directa solicita diferentes cotizaciones, por tal exigencia, en modo alguno es aplicable el procedimiento de calificación de ofertas o las reglas establecidas por la ley para la licitación pública.
Aunque los jueces pueden suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual, no están facultados para suspender un contrato, ni sus cláusulas o eventuales modificaciones, pues estas surgen de la voluntad de las partes y no corresponden a una declaración unilateral de la administración
Mediante sentencia reciente de unificación, el Consejo de Estado fijó unas reglas específicas sobre la temporalidad, el término de solución de continuidad entre contratos y la posibilidad de devolución de los aportes a la Seguridad Social en Salud, en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes a los contratos de prestación de servicios; las cuales, como se indica en la misma providencia, se aplicarán a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias.
En el proceso mediante el cual se unificó la jurisprudencia relacionada con el tema del contrato realidad y el periodo de treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, en tal proceso, se solicitó la aclaración y/o adición de la sentencia proferida el pasado 9 de septiembre del año en curso.
La desviación de poder ocurre cuando una autoridad pública emite un acto para el cual está facultada y con las formalidades debidas, pero lo hace persiguiendo fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico. Esta circunstancia hace que el acto o contrato sea anulable, porque la autoridad ejerce las atribuciones conferidas por la ley con una finalidad diferente de la prevista por ella, bien en beneficio personal o de un tercero
A través de una nueva resolución, la Contraloría General de la República sectorizó los sujetos de control fiscal y asignó la competencia en las delegadas sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes sujetos al control fiscal
Al no configurarse los defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó una tutela formulada y explicó la figura del precedente como aquella regla de derecho creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción, correspondiente para solucionar un determinado conflicto.
Dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección Primera del Consejo de Estado explicó cómo opera la sentencia anticipada en materia de lo contencioso administrativo, acorde con el Decreto 806 del 2020.
Las características del contrato de obra a precio global y la naturaleza de las obligaciones que asume el contratista implican que sea improcedente el reconocimiento de mayores cantidades de obra; sin embargo, esta afirmación no es de carácter absoluto, dado que, por un lado, los contratistas no asumen riesgos anormales o imprevisibles y, por otra parte, esta modalidad de pago para la realización de una obra no se opone a la aplicación del principio del equilibrio financiero del contrato.
Los contratantes, en cualquier acto jurídico, no solo deben manifestar autónomamente el consentimiento, sino también se debe garantizar que lo hagan con la suficiente conciencia y libertad, sin que existan injerencias o presiones que alteren la voluntad. En este sentido, si una de las partes de forma intencional reclama perjuicios que no sufrió induciendo a un falso juicio de la realidad y se suscribe un acuerdo de voluntades, tal acuerdo se encontraría viciado de nulidad
Acorde con la jurisprudencia vigente, la Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
La garantía del derecho al debido proceso sólo se surte en la medida en que se permita al administrado su participación en la actuación administrativa previa a la expedición de la decisión, dándole la oportunidad de ser oído, por cuanto las sanciones de plano atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y principio de contradicción. Incluso el acto administrativo no debe necesariamente estar precedido de la realización de una audiencia pública, dado que basta que se otorgue la oportunidad para ejercer el derecho de defensa
Para el desarrollo de proyectos de infraestructura definidos como de importancia estratégica, cofinanciados por la Nación de conformidad con la Ley 310 de 1996, el Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS podrá autorizar las vigencias futuras, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012. Sin perjuicio de lo anterior, la no objeción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las condiciones financieras y las cláusulas contractuales de que trata el artículo 26 solo será aplicable para los proyectos de Asociación Público Privadas
El Gobierno acaba de expedir las reglas de fortalecimiento patrimonial para las entidades que administran activos de terceros, con el fin de dotarlas de herramientas de solidez ante la materialización de eventos inesperados que puedan causarles pérdidas significativas. Así, modificó el Decreto 2555 del 2010, en lo relacionado con las normas aplicables a las instituciones financieras que actúen como tomadoras de seguros por cuenta de sus deudores.
El empleado público que fue sancionado disciplinariamente debe reintegrarse a sus funciones el día hábil siguiente a la terminación de su sanción disciplinariamente para evitar incurrir en una causal de abandono del cargo.
Por regla general el Contrato Estatal debe ser cumplido en el plazo de ejecución pactado entre las partes. En este sentido, el hecho que la entidad pública reciba el bien o la obra contratada con posterioridad al vencimiento del plazo no puede ser entendido como una extensión regular del plazo previsto en el mismo para ejecutarlo. Procedencia de la imposición de las multas una vez vencido el plazo de ejecución contractual.
Los Pliegos de Condiciones constituyen uno de los principales instrumentos que desarrollan y permiten la efectividad no solamente del principio de planeación en la etapa previa a la celebración del contrato, sino también de los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, pues en éste se incorporan las reglas claras, completas y objetivas que van a regir no sólo el proceso de selección del contratista, sino que también determinan el contenido del futuro negocio jurídico que se va a celebrar
Dentro de un medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Corte Constitucional modificó la providencia apelada y ordenó, entre otras cosas, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y otros, que adopten el “Plan Maestro de Restauración Ecológica para la bahía de Cartagena”, de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias
Con el fin de fortalecer la labor de unificación de jurisprudencia, y de garantizar la vinculatoriedad del precedente contencioso administrativo y los principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica de los usuarios de la administración de justicia; la Ley 2080 de 2021 estableció cambios sustanciales con respecto a las decisiones que pueden ser asumidas por el Consejo de Estado con fines de unificación de jurisprudencia, adicionando nuevas causales y realizando ajustes y aclaraciones con respecto al procedimiento que debe seguirse para operar esta figura.
Ante el daño que se cause con ocasión de una actividad peligrosa, por ejemplo, la conducción de vehículos, la utilización de armas de fuego o la conducción de energía eléctrica, es posible aplicar cualquiera de los dos títulos de imputación, esto es, la falla en el servicio (responsabilidad subjetiva) o el régimen objetivo, explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Bajo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, aplicable a cualquier actuación jurisdiccional, una vez que el juzgador determine que está habilitado para adelantar, rituar o tramitar una controversia, bien porque ese aspecto no se replicó o habiéndose discutido se dirimió, no es posible que se desprenda de la contienda con posterioridad, ni aun cuando surjan alteraciones de las circunstancias con fundamento en las cuales aprehendió la causa
La Superfinanciera y Colombia Compra Eficiente expidieron una circular en la que imparten instrucciones para facilitar la confirmación del origen y elementos relevantes de las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los patrimonios autónomos otorgados como garantías.
Con el fin de fortalecer la labor de unificación de jurisprudencia, y de garantizar la vinculatoriedad del precedente contencioso administrativo y los principios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica de los usuarios de la administración de justicia; la Ley 2080 de 2021 estableció cambios sustanciales con respecto a las decisiones que pueden ser asumidas por el Consejo de Estado con fines de unificación de jurisprudencia, adicionando nuevas causales y realizando ajustes y aclaraciones con respecto al procedimiento que debe seguirse para operar esta figura.
El deudor tiene la obligación de prever “lo que es suficientemente probable, no simplemente posible”, por lo que un hecho se considera imprevisible si no existe manera de contemplar o anticipar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de súbito o en forma intempestiva.
Bajo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, aplicable a cualquier actuación jurisdiccional, una vez que el juzgador determine que está habilitado para adelantar, rituar o tramitar una controversia, bien porque ese aspecto no se replicó o habiéndose discutido se dirimió, no es posible que se desprenda de la contienda con posterioridad, ni aun cuando surjan alteraciones de las circunstancias con fundamento en las cuales aprehendió la causa.
El Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto de varios aspectos de la acción de grupo. El pronunciamiento del alto tribunal se dio en el marco de un mecanismo de revisión eventual promovido dentro de una acción adelantada en contra de una empresa de energía y otras entidades.
La Ley 2080 de 2021 estableció modificaciones importantes frente las sentencias de unificación jurisprudencial y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencial, buscando fortalecer estos mecanismos que fueron establecidos el CPACA en aras de brindar seguridad jurídica a los administrados, por resultar violatorio de la igualdad el hecho de que casos que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, sean decididos de forma disímil por la jurisdicción.
La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de atención a los jueces al negar una acción de tutela a un juez en contra de la decisión de la Sala Penal de la misma Corporación que lo condenó por prevaricato, por declarar irregularmente la prescripción adquisitiva de un predio del Estado.
Para que prospere la pretensión simulatoria es necesario que en el proceso se demuestre claramente el acuerdo simulatorio, pues de lo contrario deberá darse prevalencia a los principios de buena fe, libertad contractual y seguridad jurídica, que reclaman una tutela prevalente del querer, el cual únicamente puede enervarse en las situaciones en que refulja su falseamiento, explicó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El Departamento Administrativo de la Función Pública resolvió una consulta relacionada con un servidor vinculado en provisionalidad, quien indaga si en caso de que la persona titular del cargo decida volver tiene derecho a seguir vinculado y a ser notificado con anterioridad del fin del nombramiento en provisionalidad.
La Ley 2080 de 2021 estableció modificaciones importantes a la figura de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, restándole discrecionalidad a la autoridad administrativa a la hora de negar la solicitud de extensión de la jurisprudencia, y haciendo también expresas algunas exigencias adicionales para el interesado que desee acudir al Consejo de Estado en caso de la negativa de la autoridad administrativa a reconocer el derecho mediante esta figura.
Cualquiera de las partes de un contrato bilateral tiene derecho a exigir de la otra la ejecución o la resolución del contrato y, en ambos casos, la indemnización de perjuicios. Ahora, para que proceda la condición resolutoria tácita, quien demanda debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones o, en caso de encontrarse en mora, que ese hecho tiene origen en el incumplimiento del otro contratante.
A la luz del inciso 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos regidos por esta normativa no pueden cederse sin previa autorización de la entidad contratante, porque se celebran en razón de las condiciones particulares del contratista, las cuales se han definido previamente en un proceso de selección, preciso la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Los pactos de indemnidad que celebre una entidad pública con su contratista, con el fin de exonerar de responsabilidad extracontractual frente a terceros por la ejecución del contrato de obra, no son oponibles, pues es la entidad la responsable de la ejecución del contrato.
Al resolver una apelación, dentro de una acción de controversias contractuales, la Sección Tercera del Consejo de Estado recordó la sentencia de unificación sobre la capacidad procesal de los consorcios y de las uniones temporales, fundamentadas en las disposiciones de la Ley 80 de 1993.
La reforma al CPACA instrumentaliza el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, estableciendo un nuevo trámite a cargo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual ya ha sido objeto de cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, por lo cual es necesario un pronunciamiento unificado de esta Corporación o por parte de la Corte Constitucional.
La Sección Tercera del Consejo de Estado explicó cómo opera la reclamación del restablecimiento de la ecuación financiera del contrato estatal por parte del contratista y su deber de continuar pese a los imprevistos.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó que la exposición de motivos en un recurso de alzada frente a una sentencia judicial no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior.
La reforma al CPACA introduce cambios muy significativos en cuanto al trámite del procedimiento administrativo sancionatorio fiscal -PASF, estableciendo particularidades en cuanto a los términos para practicar pruebas, proferir la decisión de fondo, interponer y resolver los recursos, el silencio administrativo positivo y la facultad en cabeza exclusivamente de la Contraloría General de la República para decretar la suspensión provisional del funcionario investigado.
El Consejo de Estado no tiene una postura unificada sobre la aplicación temporal de los cambios del precedente judicial en asuntos contractuales, aunque en algunas decisiones recientes se ha sostenido que deben operar hacia futuro. En efecto, para fundamentar esta tesis, se aduce que las buenas razones que impulsan el progreso de la jurisprudencia no justifican el sacrificio de los derechos de quienes obraron en el pasado movidos por lo que ordenaba el antiguo precedente.
Ayer fue aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes el proyecto presentado por la Procuraduría General de la Nación que modifica el Código Disciplinario.
Al establecer una condena a una compañía de seguros llamada en garantía por el fallecimiento de menores de edad que se desplazaban en bicicleta y fueron atropellados por bus de servicio público de pasajeros, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó cómo opera la obligación dentro de una demanda civil.
La obligación de estabilidad de la obra es de resultado y, por consiguiente, la garantía se hace exigible independientemente de la culpa que pueda ser atribuida al constructor, siempre y cuando los daños le sean imputables. Así mismo, se menciona que la obligación de garantizar la estabilidad de la obra implica responder por los vicios en la construcción, calidad de los materiales e instalación de los equipos.
Los cambios introducidos en la reforma al CPACA en algunas etapas procesales, como en la audiencia de conciliación previa a conceder apelación y en el término para alegar en segunda instancia, van encaminados a agilizar el proceso contencioso administrativo, puesto que sólo se dispondrá de éstas cuando realmente sea necesario, ya sea porque las partes lo solicitan, en el primer caso, o porque se practicaron pruebas en segunda instancia, en el segundo evento.
Las cláusulas exorbitantes solamente podrán ser aplicadas en los contratos regidos por el derecho privado cuando sean expresamente pactadas por las partes, eventos en los cuales las causales de aplicación y sus efectos se regirán en todo caso por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, sin que por tal circunstancia el respectivo contrato deje de regirse en lo demás por el derecho privado que, por esencia, le es aplicable a los contratos suscritos por las Empresas Sociales del Estado.
El Consejo de Estado concedió una tutela a una mujer para que se le protegiera el debido proceso y su derecho de acceso a la administración de justicia, luego de que le fuera declarado desierto un recurso de queja dentro de una demanda de reparación directa.
Como se sabe, el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 establece las reglas del procedimiento administrativo sancionatorio contractual. Algunas entidades estatales han considerado, con apoyo en ese artículo y en la Sentencia C-499 del 2015 de la Corte Constitucional, que, dentro de ese procedimiento, al declarar el incumplimiento del contrato por parte del contratista y con miras a afectar el amparo estipulado en las pólizas de cumplimiento, cuentan con la facultad de cuantificar e imponer perjuicios a los contratistas y a las aseguradoras garantes, en adición a los estipulados como cláusula penal o las multas pactadas.
La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia, iniciativa que ha sido socializada con las altas cortes, los sindicatos de la Rama Judicial, el Colegio de Jueces y Fiscales y el Consejo Superior de la Judicatura.
La reforma al CPACA introducida por la Ley 2080/21 comporta cambios significativos en materia de excepciones previas y mixtas, pues si bien se mantienen algunos aspectos ya establecidos por el Decreto Legislativo 806 de 2020, -que era una normatividad transitoria-, en todo caso, también trajo modificaciones adicionales, las cuales se convirtieron en la legislación permanente aplicable a los procesos contencioso administrativos desde el 25 de enero de 2021.
El contratista solo está llamado a responder por la estabilidad de la obra como una obligación de resultado, cuando diseña y construye, en tanto en ese caso responde por la correcta estructuración del proyecto y por la solidez e idoneidad de las soluciones de ingeniería planteadas y posteriormente ejecutadas.
En momentos en que la economía del país necesita recursos para sostener los gastos excepcionales ocasionados por la pandemia, y en pleno debate de una controversial reforma tributaria que pretende cubrir un hueco fiscal de 94 billones de pesos, cae como un baldado de agua fría la noticia de que la Contraloría General de la República (CGR) no podrá hacer exigible la deuda por 173.000 millones de pesos derivada del fallo con responsabilidad fiscal en el marco del escandaloso carrusel de la contratación en Bogotá, uno de los más vergonzosos episodios de corrupción en la historia del país.
Sin duda, la pandemia ha sido nefasta para toda la humanidad, aunque la mayoría de las personas infectadas con el coronavirus (covid-19) solo experimentan una enfermedad leve. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, de cada 100.000 personas, solo 113,6, o lo que corresponde al 0,11 %, están hospitalizadas. Esto ha determinado confinamientos que le han dado la vuelta al mundo.
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) había elevado una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado respecto de la solidaridad dentro de los fallos con responsabilidad fiscal solidaria e indivisible.
El alto tribunal fijó siete presupuestos constitucionales que “fijan el ámbito de la acción de repetición y el marco que gobierna la actuación de los funcionarios competentes para resolverla”
El Consejo de Estado declaró la nulidad de una decisión disciplinaria proferida por la Policía Nacional en contra de uno de sus patrulleros. El policía fue sancionado luego de arrollar a un hombre en medio de una persecución por el hurto de una motocicleta.
La autoridad judicial incurre en un defecto procedimental absoluto al omitir pronunciarse sobre las excepciones de mérito propuestas, tal como lo establece el artículo 443 del Código General del Proceso, explicó la Sección Quinta del Consejo de Estado.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia unificó el alcance de la interpretación del literal c) del artículo 317 del Código General del Proceso (CGP), que instituye como regla de procedencia del desistimiento tácito que “cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpe los términos” previstos para este tipo de terminación anticipada del proceso
El término para que se entienda surtida la notificación personal que se establece a partir de la entrega a la oficina de correos desconoce varias normas constitucionales y carece de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.
La Corte Suprema de Justicia resolvió un caso en el que una empresa solicitaba declarar la terminación de un seguro que había tomado para asegurar a una entidad pública en el marco de un contrato de estabilidad jurídica, así como la correspondiente devolución de la prima no causada.
La inclusión de una cláusula excepcional en contratos regidos por el derecho privado, como puede suceder en algunos contratos celebrados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios, sin que se hubiere cumplido con los requisitos para su introducción, la mencionada cláusula resultaría abusiva sobre la que incluso se podría configurar su ineficacia de pleno derecho; esto es, una cláusula que podría tenerse por no escrita.
![El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó a la Sala de consulta y Servicio Civil “conceptuar acerca de la aplicabilidad o no de los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 del 2011 a las empresas de servicios públicos mixtas, [las cuales] le otorgaron al presidente de la República la competencia para nombrar jefe de control interno en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del orden nacional”.](https://sucesoresfedericoestradavelez.com/wp-content/uploads/2021/04/reunion-acuerdo-saladejuntasbig-1509241764.jpg)
El Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó a la Sala de consulta y Servicio Civil “conceptuar acerca de la aplicabilidad o no de los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 del 2011 a las empresas de servicios públicos mixtas, [las cuales] le otorgaron al presidente de la República la competencia para nombrar jefe de control interno en las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del orden nacional”.
Las modificaciones a los recursos ordinarios de reposición y apelación de autos, introducidas en la reforma al CPACA, de un lado precisan algunos puntos que ofrecían dudas, y de otro lado estandarizan con el Código General del Proceso tanto la posibilidad de interponer la reposición y, en subsidio, la apelación, como la regla general del efecto devolutivo, en lo relacionado con la apelación de autos.
La Corte Constitucional admitió una demanda interpuesta por Colpensiones en contra de la expresión “la Nación”, del artículo 307 del Código General del Proceso, el cual trata sobre la ejecución contra entidades de derecho público.
Los consorcios y las uniones temporales tienen plena capacidad contractual laboral, pues si bien el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo esto no puede obviar las transformaciones jurídicas, sociales, tecnológicas y productivas, precisó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando las pretensiones planteadas no son claras, como en el caso concreto entre una nulidad y una simulación, los juzgadores deben acudir a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto, de manera lógica y racional e integral.
Cuando la controversia planteada en la demanda se refiere a obligaciones que persisten luego de la liquidación, el término de la caducidad de la acción contractual se empieza a contar a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos bien sea de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento y no desde la suscripción del Acta de Liquidación, si fuere el caso.
El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se salvó de pagar más de 173.000 millones de pesos de una multa impuesta el 17 de diciembre de 2010 por la Contraloría General de la República, como consecuencia de las irregularidades en los contratos para la construcción de la Fase III de Transmilenio, en la calle 26 o Avenida El Dorado en la capital del país.
En materia de requisitos de la demanda, notificaciones y traslados, la Ley 2080 de 2021 -que reformó el CPACA- introdujo importantes y significativos cambios, los cuales empezaron a regir desde el 25 de enero de 2021 y buscan mayor celeridad y descongestión en el proceso contencioso administrativo, al igual que la utilización predominante de los medios electrónicos y tecnológicos dentro del mismo
En el cumplimiento de órdenes de embargo y desembargo las entidades financieras deben ceñirse a las reglas que fijan las normas procedimentales, así como aquellas disposiciones especiales que conllevan a la materialización de las cautelas.
El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó un proyecto de norma que busca modificar los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del decreto único reglamentario del sector Justicia y del Derecho (DUR 1069 del 2015), referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
Si bien el contrato de seguro de cumplimiento está íntimamente ligado con el contrato garantizado, constituye un negocio jurídico autónomo. En esa medida, la cesión de un contrato estatal no implica de manera automática la cesión del contrato de seguro que garantiza su cumplimiento.
La Ley 2080 de 2021, por la cual se reforma el CPACA, introdujo cambios importantes en materia de sentencia anticipada, al ampliarse los supuestos en que puede dictarse y modificarse, entre otros aspectos, el carácter potestativo de su proferimiento y el procedimiento que debe seguirse en caso de que el juez administrativo vaya a acudir a ella; figura que, si es utilizada de manera adecuada, constituye una herramienta que materializa el derecho fundamental a una tutela judicial pronta y efectiva
La Corte Suprema de Justicia concedió en sede de impugnación una acción de tutela promovida por un ciudadano que consideró que su derecho al debido proceso fue El recurso extraordinario de revisión busca examinar aspectos objetivos que puedan dar lugar a la estructuración de las causales consagradas en la norma y no de errores de interpretación, precisó la Sala Plena del Consejo de Estado.
El Consejo de Estado indicando que no es posible alegar los propios errores, negligencias o ligerezas como sustento de una pretensión jurídica al tratar de dejar sin valor una previa manifestación de voluntad, con la inexcusable justificación de que, en realidad, el contratista no leyó lo que estaba firmando.
El contralor general de la República, Felipe Córdoba, destacó las virtudes de la reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso administrativo (CPACA) y dijo que además de imponer un control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal hace ajustes importantes al procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, para hacerlo más oportuno y eficiente
Una demanda de inconstitucionalidad contra artículo 16 de la Ley 1695 del 2013, que desarrolla el artículo 334 de la Carta Política, fue admitida recientemente por la Corte Constitucional. Esta disposición establece que con el fin de evitar alteraciones en la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales el juez al proferir una sentencia que condene a un municipio o departamento deberá tener en cuenta la capacidad fiscal de la entidad territorial para dar cumplimiento a lo ordenado
La Ley 2080 de 2021, reformatoria del CPACA, introduce modificaciones sustanciales en materia de dictamen pericial, en cuanto a la forma como se aporta y/o solicita este medio de prueba, al igual que sobre su práctica y contradicción; de ahí su importancia para los múltiples procesos tramitados ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los que es necesario demostrar hechos que requieren especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
En un caso de responsabilidad médica, la Corte Suprema de Justicia decidió no casar una sentencia de segunda instancia que negó las pretensiones de una mujer que buscaba ser reparada luego de perder uno de sus ojos alegando que había recibido un diagnóstico y un tratamiento indebido por parte de la EPS tratante.
Respecto a cómo opera el restablecimiento económico dentro de los contratos estatales el alto tribunal señaló que en los contratos celebrados por las entidades estatales prima la finalidad de satisfacer el interés general, “razón por la cual no se puede suspender su ejecución ante la ocurrencia de una circunstancia imprevista que impacte negativamente su economía, hasta que se revise el contrato por el juez”.
Por regla general, la función de la cláusula penal consiste en estimar anticipadamente los perjuicios que sufre el contratante cumplido. Debido a ello, la ley excluye la posibilidad de que se acumulen la cláusula penal y la indemnización de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un pacto inequívoco, se permite la acumulación.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el marco de un proceso de conflicto negativo de competencias administrativas, emitió un auto mediante el cual declaró competente a la Procuraduría General de la Nación para resolver un asunto disciplinario en contra del rector de la Universidad del Cauca.
La Ley 2080 de 2021 se expidió con el propósito de reformar el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011- y de dictar otras disposiciones en materia de descongestión, introduciendo importantes reformas tanto en cuanto al procedimiento administrativo como al proceso contencioso administrativo, las cuales, por regla general, ya empezaron a regir a partir de su promulgación (25 de enero de 2021).
Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso (…)”. Igualmente, señaló que, debido a que la contraparte no se opuso al desistimiento de la demanda, no era procedente la condena en costas dentro del proceso.
El silencio administrativo positivo en materia contractual no opera sin condicionamientos, por el solo transcurso del tiempo, ya que se requieren exigencias adicionales para predicar su formalización.
No resulta suficiente la procedencia de recursos en contra de la decisión administrativa, puesto que la garantía de ese derecho sólo se surte en la medida en que se permita al administrado su participación en la actuación administrativa previa a la expedición de la decisión, dándole la oportunidad de ser oído, por cuanto las sanciones de plano atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y principio de contradicción.
“(…) la autoridad disciplinaria estará siempre obligada a practicar las pruebas que resulten determinantes para establecer o desvirtuar la responsabilidad del investigado. Ello hace parte del principio de imparcialidad en la búsqueda de la prueba, lo que, en todo caso, dependerá de la etapa en que se encuentre el proceso disciplinario”
La Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que las aseguradoras están legitimadas formalmente para interponer acción de controversias contractuales contra los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual.
Es improcedente el desistimiento tácito dentro de un proceso judicial relacionado con un derecho fundamental imprescriptible, indisponible, inalienable e inembargable como el que establece el estado civil de las personas.
El presidente Iván Duque sanciona hoy la ley de reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Se trata de una iniciativa presentada por el Consejo de Estado pero que contó con el apoyo del Gobierno durante su trámite legislativo.
e dio a conocer el informe de conciliación del proyecto de ley 364/20C–007/19S, que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), iniciativa presentada por el Consejo de Estado en coordinación con el Gobierno Nacional.
El pasado 14 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al analizar un caso de responsabilidad civil médica, se pronunció, entre otros asuntos, frente al valor probatorio que debe darse a la historia clínica en un proceso de este tipo para acreditar la culpa médica, y su relación con otras pruebas como los testimonios técnicos y los dictámenes periciales.
En sentencia recientísima del pasado 17 de noviembre de 2020, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Honorable Magistrado Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, señaló que la responsabilidad por actividades peligrosas que surge de un accidente de tránsito, es de tipo objetivo, a diferencia de lo que venía sosteniendo esta misma Corporación en múltiples fallos desde aproximadamente el año 2010, cuando , en el sentido de que el régimen de responsabilidad era el de la “presunción de culpa” o “culpa presunta”.
Dentro de un proceso de reparación directa, la Sección Tercera del Consejo de Estado recordó una sentencia de unificación de su jurisprudencia donde el alto tribunal administrativo precisó el tema de perjuicios morales frente a casos de privación injusta de la libertad.
Los prestadores de servicios públicos domiciliarios pueden, en cualquier momento, revisar las instalaciones de sus usuarios, pues para ello cuentan con autorización legal y con una función que es de carácter permanente.
CLa Corte Interamericana de Derechos Humanos, -en adelante, la CIDH-, mediante sentencia del 8 de julio de 2020, en el caso “Petro Urrego vs. Colombia”, notificada al Estado colombiano el pasado 19 de agosto de 2020, hizo varias consideraciones de alto impacto de cara a nuestro ordenamiento jurídico, no solamente frente a la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en relación con los servidores públicos de elección popular, sino también sobre las garantías del proceso disciplinario adelantado por dicha entidad en contra de todos los servidores públicos.
La prestación de los servicios de salud está atada a los principios de benevolencia y no maledicencia o primun non nocere, indicó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de Rama Judicial.
Aquella regla creada por una alta corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que sea considerada como tal, se denomina precedente.
Con respecto a la figura del restablecimiento del equilibrio económico, de tanto interés en estos tiempos en razón de la pandemia que estamos afrontando y de sus efectos en la ejecución de los contratos estatales y privados; resulta relevante, por un lado, analizar su aplicación particularmente frente a los contratos estatales que se rigen por el derecho privado; y, por otro lado, tener en cuenta las recomendaciones o lineamientos expedidos recientemente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE
La profesión de abogado es una de las más antiguas y significativas en la historia de la humanidad. Puede decirse, sin lugar a dudas, que es un pilar de la sociedad, ya que el valor que el abogado jura proteger es nada menos que la justicia: como decía Ulpiano, los abogados son los sacerdotes de la justicia.
La profesión de abogado es una de las más antiguas y significativas en la historia de la humanidad. Puede decirse, sin lugar a dudas, que es un pilar de la sociedad, ya que el valor que el abogado jura proteger es nada menos que la justicia: como decía Ulpiano, los abogados son los sacerdotes de la justicia.
Por medio de un comunicado, la Corte Constitucional informó varias determinaciones que tomó sobre el Decreto 806 del 2020, que adoptó medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.
Con respecto a la figura del restablecimiento del equilibrio económico, de tanto interés en estos tiempos en razón de la pandemia que estamos afrontando y de sus efectos en la ejecución de los contratos estatales y privados; resulta relevante, por un lado, analizar su aplicación particularmente frente a los contratos estatales que se rigen por el derecho privado; y, por otro lado, tener en cuenta las recomendaciones o lineamientos expedidos recientemente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE
Aunque las pruebas digitales se autodestruyen, transforman y modifican con gran facilidad debido a su naturaleza inmaterial, los laboratorios de informática forense pueden asegurar e incluso recuperar esta información, que es aparentemente transitoria, para utilizarla en procesos judiciales posteriores. La evidencia digital resulta entonces fundamental para probar o refutar un problema material.
Teniendo en cuenta que el trabajo en casa debe continuar priorizado por las entidades públicas durante la emergencia sanitaria, asegurando en todo momento la prestación de los servicios a su cargo, el Ministerio de Justicia reglamentó los elementos y características de seguridad de la información de los documentos, actos, providencias y decisiones que se adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada.
La figura de la pérdida de la oportunidad ha tenido todo un desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico en materia de responsabilidad médica, tanto en la responsabilidad civil como en la del Estado, y, por ende, podría ser perfectamente aplicable a situaciones generadas por la actual pandemia del Covid-19.
En tal sentido, se deben abrir espacios en la página web para los abogados litigantes y las asociaciones profesionales para que puedan exponer sus apreciaciones e iniciativas sobre dicho perfil tecnológico.
El Decreto Ley 403 de 2020 está implementando el nuevo modelo de control concomitante y preventivo que estableció el AL 04 de 2019, el cual va a complementar el control posterior y selectivo.
El Decreto Ley 403 de 2020 está implementando el nuevo modelo de control concomitante y preventivo que estableció el AL 04 de 2019, el cual va a complementar el control posterior y selectivo.
El Decreto Ley 403 de 2020 está implementando el nuevo modelo de control concomitante y preventivo que estableció el AL 04 de 2019, el cual va a complementar el control posterior y selectivo.
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El Decreto Ley 403 de 2020 está implementando el nuevo modelo de control concomitante y preventivo que estableció el AL 04 de 2019, el cual va a complementar el control posterior y selectivo.
El Código General del Proceso brinda verdaderas herramientas que permiten, por medios tecnológicos, garantizar la atención y funcionamiento de la administración de justicia.
El Decreto LEY 403 de 2020 trae una nueva reglamentación en materia del Procedimiento Administrativo Sancionatorio.
Se adoptaron una serie de recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19.
El Decreto Ley 403 de 2020 está implementando el nuevo modelo de control concomitante y preventivo que estableció el AL 04 de 2019, el cual va a complementar el control posterior y selectivo.
Por medio del Acuerdo 20 del 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptó medidas excepcionales para reanudar trámites de su competencia por canales digitales.
El Decreto Ley 491 de 2020 modifica el procedimiento para la notificación de los Actos Administrativos.
El Decreto 491 de 2020 establece la posibilidad de que se suspendan los términos de las actuaciones administrativas.
El objetivo de fortalecer el control fiscal del Decreto Ley 403, está cifrado en torno al fortalecimiento superlativo de las facultades de la Contraloría General de la República.
El Decreto Ley 403 de 2020, amplio el espectro de los sujetos que pueden ser objeto de responsabilidad fiscal.
La fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el caso.
El Decreto Legislativo 491 de 2020 ha suscitado discusiones en la comunidad jurídica respecto del conteo de los términos de caducidad y si los mismos se encuentran suspendidos.
El decreto Ley 403 de 2020 fortalece significativamente las facultades de las Contralorías, también establece importantes modificaciones en materia del proceso de responsabilidad fiscal, entre otros
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, expidió una serie de recomendaciones en materia de contratación estatal.