Como parte de su función preventiva, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios instó a varias entidades a disponer las herramientas y medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia sobre el régimen especial de baldíos; por lo tanto, le solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) reactivar el Consejo Superior de Ordenamiento del Suelo Rural; al Ministerio de Justicia, coordinar las relaciones entre las ramas del poder público y el sector judicial, y a la cartera de Agricultura conocer lo gestionado sobre formulación y ejecución de políticas públicas inherentes al sector.

Así mismo, se requirió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la asignación de recursos tanto para implementar el Acuerdo sobre Reforma Rural Integral como para fortalecer técnica y financieramente las entidades relacionadas con dichas actividades; y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) información sobre cómo avanza la planificación del uso eficiente del suelo y los procesos de ordenamiento social de la propiedad de las tierras rurales y su formalización.

A la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le pidió conocer previamente el inventario de procesos judiciales de pertenencia sobre predios sin antecedente registral de pleno dominio y de clarificación de la propiedad en curso y de recuperación de baldíos por indebida ocupación, por vía del procedimiento de la Ley 160 de 1994.

Por su lado, el Consejo Superior de la Judicatura deberá cumplir la orden proferida por la Corte Constitucional de vigilar que en los 90 días de plazo otorgados garantice canales de comunicación y notificación entre los jueces y la Agencia Nacional de Tierras y formación y capacitación en derecho agrario y legislación especial de baldíos.

Finalmente, la Procuraduría indicó que este espacio de trabajo tendrá lugar mientras el Gobierno y el Congreso de la República implementan el compromiso de crear la jurisdicción agraria.